WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos otorgó por error la ciudadanía a por lo menos 858 inmigrantes que tenían órdenes de deportación pendientes y procedían de países de preocupación para la seguridad nacional o con altos índices de fraude migratorio, reveló una auditoría interna de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) difundida el lunes.
El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional encontró que los inmigrantes utilizaron nombres diferentes o fechas de nacimiento distintas cuando solicitaron la nacionalidad al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) y que tales discrepancias no fueron advertidas porque sus huellas dactilares no figuraban en las bases de datos del gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que una revisión inicial de estos casos deja entrever que algunos de los individuos quizá habrían tenido derecho a la ciudadanía en último término, y que la falta de expedientes de huellas digitales no implica necesariamente que cometieran fraude migratorio.
En el informe no se identifica a ninguno de los inmigrantes, pero los auditores del inspector general John Roth dijeron que todos provenían de “países de interés especial” —aquellos que suscitan preocupaciones de seguridad nacional para Estados Unidos— o de naciones vecinas cuyos nacionales están implicados en altas tasas de fraude migratorio. En el informe no se señala por su nombre a esas naciones.
El DHS dijo que los hallazgos reflejan lo que ha sido un problema para las autoridades de inmigración por mucho tiempo: expedientes antiguos de papel con información de huellas dactilares en los que no se pueden hacer búsquedas digitales. El DHS dijo que las autoridades de inmigración han emprendido el proceso de digitalización de estos expedientes y revisarán “cada expediente” identificado como un caso de posible fraude.
En las bases de datos federales faltan las huellas dactilares de unos 315.000 inmigrantes que afrontan órdenes definitivas de deportación o que están catalogados como delincuentes prófugos, señaló el informe.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) no ha revisado unos 148.000 expedientes de esos inmigrantes a fin de integrar las huellas dactilares al expediente digital.
Ese vacío se debe a que los expedientes de papel antiguos jamás fueron agregados a las bases de datos de huellas dactilares creados tanto por el ahora desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización como por el FBI en la década de 1990.
El ICE, la agencia del DHS responsable de encontrar y deportar a los inmigrantes que viven sin permiso en el país, no integraron sistemáticamente los expedientes digitalizados de las huellas dactilares de los inmigrantes detenidos hasta 2010.
El gobierno ha sabido de ese vacío de información y de sus consecuencias en las decisiones de naturalización desde por lo menos 2008, cuando un funcionario de las Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza identificó a 206 inmigrantes que utilizaron un nombre diferente u otra información biográfica para conseguir la ciudadanía u otros beneficios migratorios, aunque pocos casos fueron investigados.
En el informe de Roth se afirma que los fiscales federales aceptaron dos casos penales que propiciaron la cancelación de la ciudadanía a quienes la habían obtenido.
Sin embargo, los fiscales rechazaron otros 25 casos. El ICE investiga otros 32 casos después de haber cerrado 90 pesquisas.
Funcionarios del ICE dijeron a los auditores que la agencia no ha perseguido muchos de estos casos en el pasado porque los fiscales federales “por lo general no aceptan los relacionados con fraude derivado de beneficios migratorios”.
El ICE dijo que el Departamento de Justicia ha aceptado concentrarse en casos que implican a personas que han recibido acreditaciones de seguridad, empleos de confianza pública u otras credenciales de seguridad.
Diversos miembros del Congreso censuraron el lunes al gobierno del presidente Barack Obama después de la difusión del informe de Roth, aunque el documento deja entrever que los vacíos de información se extienden a varios años antes de la llegada del mandatario.